El municipio de Puerto Madryn desarticuló este jueves a la mañana una toma ilegal de tierras en la zona oeste de la ciudad, en un operativo que comenzó alrededor de las 7 horas y que contó con la participación de personal municipal, maquinaria y efectivos policiales.
Durante el procedimiento, las autoridades derribaron alrededor de quince construcciones levantadas en terrenos privados, entre ellas cinco viviendas de material que se encontraban en construcción y unas diez estructuras precarias realizadas con cartones y otros materiales.
El subsecretario de Protección Ciudadana, Luis Báez, explicó que el municipio venía siguiendo la situación desde hacía varios días y decidió intervenir para evitar que el asentamiento continuara expandiéndose.
“Esto lo veníamos visualizando desde hace aproximadamente una semana y por eso optamos por realizar el procedimiento temprano, alrededor de las 7 de la mañana, con maquinaria, personal logístico y la presencia de la policía para desactivar estas construcciones”, señaló.
Según indicó el funcionario, los terrenos pertenecen a la firma San Miguel y no están habilitados para urbanización, por lo que el objetivo fue evitar la proliferación de viviendas en un sector sin infraestructura ni servicios básicos.
En el lugar quedaron al menos tres viviendas habitadas, cuyos ocupantes serán notificados para que se retiren en un plazo determinado, ya que se trata de terrenos usurpados.
Báez también advirtió que existe la sospecha de que algunas personas podrían haber pagado dinero por esos lotes, lo que abriría la posibilidad de una investigación para determinar si alguien está comercializando terrenos ajenos de manera ilegal.
“Puede haber gente que haya pagado por esos terrenos creyendo que los estaba comprando, y eso quedará sujeto a la investigación que realice la policía”, explicó.
La demanda de viviendas detrás del problema
El funcionario reconoció que la toma de terrenos se vincula directamente con la creciente necesidad habitacional, ya que muchas familias buscan resolver el acceso a la vivienda ante la falta de lotes sociales disponibles.
En Puerto Madryn existe un registro municipal de vecinos inscriptos en la Dirección de Tierras, quienes esperan la adjudicación de terrenos a través de programas oficiales.
“Hay mucha gente esperando su lote social desde hace tiempo, y lo que buscamos es que esa demanda se canalice por las vías legales, inscribiéndose en Tierras y aguardando la apertura de nuevos loteos con servicios”, explicó Báez.
Una problemática que también preocupa en Trelew
La situación no es exclusiva de Puerto Madryn. En Trelew, las autoridades municipales también advierten sobre intentos recurrentes de ocupación de terrenos fiscales o municipales, en un contexto marcado por la crisis habitacional y el aumento del costo de los alquileres.
El secretario de Gobierno de esa ciudad, Mario Romeo, sostuvo que la problemática está vinculada a la necesidad de muchas familias de acceder a un lote propio.
“Sabemos perfectamente la necesidad de lotes sociales que existe hoy, sobre todo con el aumento de los alquileres o con familias que crecen y necesitan un espacio para vivir”, señaló.
Sin embargo, el funcionario remarcó que la toma de terrenos no representa una solución y recordó que en el pasado la entrega de lotes sin servicios terminó generando más problemas para los vecinos.
“No queremos repetir situaciones donde se entregaban terrenos sin infraestructura, porque muchas veces eso termina siendo un problema más que una solución”, afirmó.
En algunos casos, además, las usurpaciones se producen en zonas con riesgos ambientales, como sectores inundables, lo que incrementa la preocupación de las autoridades.
Desalojos y sanciones
Desde el municipio de Trelew explicaron que cada vez que se detecta una toma de terrenos se inicia un proceso de notificación inmediata, ya que se trata de una acción ilegal contemplada en la normativa municipal.
“Una vez notificado el caso, el juez de faltas puede ordenar el desalojo en un plazo de tres días, en cumplimiento de la ordenanza vigente”, indicó Romeo.
Además, quienes participen en este tipo de ocupaciones pueden enfrentar sanciones administrativas, que incluyen la pérdida de beneficios sociales otorgados por el municipio.
