El presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente, volvió a advertir que las condiciones que llevaron al conflicto de los tangoneros congeladores de 2025 continúan vigentes, en medio de la discusión por la paritaria del langostino en aguas nacionales y la negociación con los gremios.
El dirigente explicó que las cámaras volvieron a plantear la necesidad de actualizar el Convenio Colectivo de Trabajo, cuyos valores de referencia para la liquidación de la producción no se modifican desde hace más de 20 años.
“Las condiciones son las mismas que nos llevaron al conflicto del 2025”, sostuvo De la Fuente, al recordar que la falta de actualización de esos parámetros provocó que gran parte de la flota permaneciera amarrada durante varios meses en los puertos patagónicos.
Vale recordar que buscan adecuar los precios de referencia utilizados para calcular la producción, ya que actualmente no reflejan los valores del mercado internacional y generan números negativos para las empresas.
En ese marco, la CAPIP presentó una propuesta ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, dependiente de Capital Humano, dirigida al SOMU, que contempla un sistema de liquidación variable vinculado a los precios de exportación registrados por la Aduana, medidos en promedio trimestral.
“Es una propuesta pendular que se ajusta según los precios reales de exportación, lo que permite tener certezas al momento de liquidar la producción y visibilidad sobre la situación del mercado, teniendo en cuenta que nuestra industria es esencialmente exportadora”, explicó.
Incertidumbre
El conflicto se produce a pocas semanas del inicio de la temporada principal de langostino, que suele comenzar a mediados de mayo, aunque previamente se habilita una etapa inicial de pesca al norte del paralelo 41, generalmente entre el 10 y el 15 de abril.
Sin embargo, el referente empresarial advirtió que aunque la autoridad de aplicación habilite la zona de pesca, las condiciones laborales y económicas actuales podrían impedir que los barcos salgan a operar.
“Más allá de cuándo se abra la pesca, las condiciones del convenio colectivo no son las adecuadas y nadie va a poder salir a pescar con estos números”, remarcó.
Costos en alza
A la discusión laboral se suma un fuerte incremento en los costos de producción, especialmente en combustible, uno de los insumos clave para la actividad pesquera.
De la Fuente señaló que en las últimas semanas el combustible registró aumentos superiores al 22%, mientras que en un período más amplio la suba supera el 60%, lo que impacta directamente en la estructura de costos.
El encarecimiento también se extiende a insumos derivados como el packaging, el cartón y los fletes marítimos, factores que se suman a un escenario internacional volátil.
“El mundo está muy cambiante y no sabemos qué puede pasar en los próximos días o semanas, por eso necesitamos resolver estas discusiones lo antes posible”, advirtió.
Retenciones
Otro de los reclamos del sector está vinculado a los derechos de exportación, que según el dirigente representan una fuerte carga para la actividad.
“Pagamos para exportar y ese principal socio que se queda con ese derecho es el Estado”, afirmó, al señalar que otras economías regionales ya fueron liberadas de ese tributo.
En ese sentido, reclamó igualdad de condiciones para competir en el mercado internacional, ya que otros países productores de productos del mar no aplican retenciones a las exportaciones.
Diálogo con el sindicato
Consultado sobre la relación con el SOMU, el presidente de CAPIP aseguró que existe diálogo, aunque sostuvo que es necesario profundizar las discusiones para lograr acuerdos duraderos.
“Tenemos que hablar con claridad sobre la realidad económica de la actividad, porque el mundo sigue demandando proteínas de mar premium, pero para competir necesitamos equilibrio en los costos y reglas claras”, concluyó.
