El juicio por el millonario robo ocurrido en la distribuidora Bebidas del Lago ingresó en su etapa final luego de que la Fiscalía de Esquel y la defensa presentaran sus alegatos ante el tribunal. Ahora, la causa quedó a resolución del juez, quien dará a conocer el veredicto el próximo martes.
La investigación se centra en la presunta participación de la madrynense Antonella D., a quien el Ministerio Público Fiscal señala como la persona que facilitó el vehículo utilizado para ejecutar el golpe. La acusación se sustenta en peritajes escopométricos, registros de cámaras de seguridad y datos de geolocalización de su teléfono celular.
Por su parte, la defensa sostiene que no existe evidencia científica concluyente que vincule a la imputada con los autores materiales del hecho y remarcó la ausencia de testimonios presenciales directos que la ubiquen participando del robo.
Un robo planificado
De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el asalto a la distribuidora fue el resultado de una operación cuidadosamente planificada.
El hecho ocurrió en el local ubicado sobre la calle Urquiza al 600, donde al menos cuatro personas lograron ingresar tras escalar un muro de aproximadamente tres metros de altura. Luego perforaron el techo utilizando una amoladora para acceder al interior del edificio.
Una vez dentro del establecimiento, los delincuentes cortaron los cables del sistema de alarma para evitar ser detectados y poder actuar con mayor tranquilidad. Posteriormente violentaron una caja fuerte del lugar, de donde sustrajeron cerca de 10 millones de pesos en efectivo, además de una mochila con otros elementos.
Por la modalidad utilizada, la causa fue calificada como robo agravado por escalamiento y por haber sido cometido en poblado y en banda, una figura penal que contempla la participación de varias personas y la superación de obstáculos físicos para concretar el delito.
La pista del vehículo
Uno de los elementos clave de la investigación fue un automóvil Renault Fluence que fue observado en las inmediaciones del barrio Mataderos en los días previos al robo.
Cámaras de seguridad y testimonios de vecinos alertaron sobre la presencia de este vehículo desconocido en la zona, lo que permitió orientar las primeras líneas de investigación.
Aunque el automóvil estaba registrado a nombre de un amigo de la acusada, las tareas realizadas por la División Policial de Investigaciones determinaron que la mujer era quien pagaba el seguro del vehículo desde 2023.
Además, los registros fílmicos captaron al automóvil ingresando a la ciudad de Esquel el 29 de marzo y retirándose del lugar apenas dos horas después de que se cometiera el robo.
La Fiscalía también presentó como prueba los datos de geolocalización del teléfono celular de la imputada, que ubican a la mujer en Esquel durante los días en que ocurrió el hecho.
Compras posteriores al robo
Otro de los puntos centrales del alegato fiscal se vinculó con el resultado de un allanamiento realizado en la vivienda de la acusada, en Puerto Madryn.
Durante el procedimiento se secuestraron tanto el vehículo presuntamente utilizado en el robo como las llaves correspondientes. También se encontraron tickets de compras y presupuestos por casi un millón de pesos emitidos pocos días después del asalto.
Para la Fiscalía, esos gastos evidencian que la mujer manejaba una suma significativa de dinero que no pudo justificar de manera legal.
El pedido de la Fiscalía
En su exposición final, los fiscales sostuvieron que el rol de la imputada fue clave para concretar el delito.
Según su hipótesis, no se trató de un simple préstamo del vehículo, sino de una participación deliberada. Para el Ministerio Público Fiscal, la ciudadana habría viajado más de 600 kilómetros desde Puerto Madryn hasta Esquel con el objetivo de poner el automóvil a disposición de los delincuentes, facilitando así su movilidad y la posterior huida con el dinero sustraído y las herramientas utilizadas.
Por ese motivo, la Fiscalía solicitó que la mujer sea condenada como partícipe necesaria del delito, o de manera subsidiaria como partícipe secundaria.
La defensa, en cambio, insistió en que las pruebas no alcanzan para acreditar su responsabilidad penal y pidió la absolución.
Ahora, la decisión final quedó en manos del magistrado que interviene en la causa, quien deberá evaluar el conjunto de pruebas presentadas durante el juicio antes de dictar el veredicto.
