La Cámara de Diputados de la Nación lleva adelante la audiencia pública por la modificación de la Ley de Glaciares. El encuentro comenzó con un pedido de impugnación formal por parte de un bloque de 11 legisladores opositores, quienes denunciaron que el procedimiento restringe la participación ciudadana y vulnera la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
Irregularidades y cruces en la audiencia
El conflicto estalló antes del inicio de las exposiciones. Diputados como Maximiliano Ferraro y Lucía Cámpora sostuvieron que la audiencia es «inválida» debido a cambios arbitrarios en la metodología. Según denunciaron, de los más de 120.000 inscriptos para participar, solo se permitió el ingreso de 200 personas. Además, el tiempo de exposición fue reducido de 5 a 4 minutos sin previo aviso, lo que generó airados reclamos en el recinto.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz (LLA), rechazó las críticas inicialmente, aunque debió retirarse momentáneamente de la sala para gestionar el ingreso de expositores que la seguridad de la Casa mantenía afuera por orden oficial.
Voces de peso contra la modificación de la Ley de Glaciares
Una de las intervenciones más contundentes fue la de Marta Maffei, autora de la ley original. La exlegisladora calificó la convocatoria como una «farsa» y una «profunda ilegitimidad».
«Este es un proyecto regresivo y discrecional para que cada provincia haga lo que quiera con nuestra agua», sentenció Maffei ante los gritos de la bancada oficialista.
Por su parte, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, manifestó su preocupación al señalar que el agua «no es una mercancía, es un derecho que se le está quitando al pueblo». En la misma línea, Andrés Nápoli, director de la FARN, advirtió que la reforma no brindará seguridad jurídica, sino que provocará «cientos de demandas» por incumplir estándares ambientales internacionales.
El único apoyo explícito al proyecto provino del ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, quien vinculó los problemas hídricos a la falta de obras de infraestructura y no a la actividad minera, lo que le valió el abucheo de gran parte de los presentes.
Hacia el cierre, el abogado ambientalista Enrique Viale denunció que la reforma beneficiará directamente a multinacionales como Barrick Gold y Glencore. Asimismo, adelantó que denunciará penalmente a la senadora Flavia Royón por presunta incompatibilidad con la función pública y cohecho, acusándola de responder a intereses de empresas mineras extranjeras.
