El fiscal de Estado Andrés Meiszner resolvió iniciar un sumario administrativo para esclarecer la conducta del abogado Martín Castro, quien aparece en una cámara oculta presuntamente cobrando 12 millones de pesos a cambio de interceder para lograr un alivio de pena.
Según surge del material audiovisual incorporado al expediente, del que se hizo eco Canal 12 Web, el letrado habría ofrecido gestionar ante la fiscal Julieta Gamarra una reducción en el pedido de condena contra Pablo “El Chavo” Ferreyra, lo que encendió alarmas sobre posibles irregularidades en el ejercicio de la función pública.
Como medida preventiva, Castro, quien se desempeña como empleado de planta permanente de la Fiscalía, fue suspendido sin goce de haberes por un plazo de 30 días. Durante ese período deberá sustanciarse el sumario, cuyo objetivo será determinar si existieron responsabilidades administrativas y disciplinarias.
La resolución oficial es contundente al señalar una posible “transgresión de normas legales y reglamentarias”. En ese sentido, recuerda que la Ley de Ética y Transparencia en la Función Pública obliga a los funcionarios a mantener una conducta “correcta, digna y decorosa”, tanto dentro como fuera del ámbito laboral, evitando acciones que puedan erosionar la confianza ciudadana en las instituciones.
En la misma línea, el Convenio Colectivo de Trabajo de la Fiscalía de Estado establece que sus integrantes deben observar comportamientos compatibles con la dignidad de la función de control. Bajo este marco, las autoridades consideran que los hechos conocidos “prima facie” podrían configurar conductas incompatibles con los principios de ética, probidad y lealtad que rigen el servicio público.
El expediente incluye no solo el video en cuestión, sino también recortes periodísticos que dan cuenta de la denuncia sobre un supuesto pago destinado a influir en una condena judicial. Para la Fiscalía, la situación adquiere especial gravedad debido a que Castro forma parte de la estructura permanente del organismo.
“De verificarse los hechos, podrían comprometer la imagen, la credibilidad y el adecuado funcionamiento institucional”, advierte el documento, subrayando el impacto que este tipo de situaciones genera en la percepción pública del sistema de justicia.
Aunque el abogado habría actuado en calidad de defensor particular, la resolución enfatiza que su condición de funcionario no lo desvincula de sus obligaciones administrativas. Por el contrario, su doble rol agrava el análisis, ya que podría existir un conflicto de intereses al representar a Pablo “El Chavo” Ferreyra mientras integra un organismo de control estatal.
El sumario buscará determinar precisamente ese punto: si Castro incurrió en incompatibilidades funcionales o violó normas éticas al intervenir en el caso. Mientras tanto, el episodio continúa generando repercusiones en el ámbito judicial y político, en un contexto donde la transparencia institucional vuelve a quedar bajo la lupa.
