Un proyecto de ley que propone eliminar el impuesto de sellos en contratos de alquiler para vivienda única y familiar fue presentado en la Legislatura provincial con el objetivo de aliviar la carga económica de los inquilinos. La iniciativa también contempla beneficios para quienes accedan a su primera vivienda, en un contexto donde el costo de alquilar resulta cada vez más difícil de afrontar.
El diputado provincial Sergio González habló con Canal 12 y explicó que la propuesta surge a partir de las dificultades que atraviesan muchas familias. “Vemos que a la gente le está costando muchísimo y sobre todo cuando tienen que generar un cambio de contrato de alquiler, este impuesto le significa a veces gran parte o casi un alquiler más”, sostuvo.
El proyecto, impulsado junto a la diputada Tamame, plantea la exención del impuesto de sellado para contratos destinados a vivienda única y familiar. Además, incluye a quienes compren su primera vivienda, otorgando un alivio fiscal al momento de la escrituración a través de la Agencia de Recaudación (ARECH). Actualmente, este tributo es obligatorio en contratos formales realizados mediante inmobiliarias y escribanías.
González remarcó que el objetivo no es resolver de fondo el problema habitacional, sino generar un paliativo ante la situación económica. “Son tantas las cargas que tiene aquel que necesita alquilar. Esto sería como un alivio para aquellas familias que tienen la necesidad de llegar a una vivienda propia o a un alquiler”, afirmó.
La iniciativa ya fue presentada y deberá comenzar su tratamiento en comisión, donde se buscará obtener un dictamen favorable para avanzar en su aprobación. El legislador detalló que se requiere mayoría simple para avanzar en el proceso legislativo, aunque reconoció que su bloque se encuentra en minoría tanto en comisión como en el recinto.
“Entendemos que es un proyecto que sería muy bien visto por nuestros vecinos”, concluyó González, quien destacó que la propuesta retoma iniciativas previas que no prosperaron y se adapta a los cambios normativos tras la creación de la ARECH. Mientras tanto, el debate se instala en la agenda pública como una posible respuesta a la creciente presión sobre los inquilinos.
