El Superior Tribunal de Justicia del Chubut resolvió revocar la nulidad de una condena penal que había sido anulada por la utilización de inteligencia artificial en la redacción del fallo. El caso había generado una fuerte controversia luego de que la Cámara en lo Penal de Esquel detectara en el texto de la sentencia una frase típica de los asistentes de escritura automática: “Aquí tienes el punto IV reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar”.
A partir de ese hallazgo, los camaristas consideraron que el magistrado había recurrido a una herramienta de inteligencia artificial generativa para redactar una parte sustancial del fallo, particularmente el apartado vinculado a nulidades planteadas por la defensa.
Con ese argumento, el tribunal declaró de oficio la nulidad total de la sentencia y ordenó la realización de un nuevo juicio con otro juez, en lo que fue considerado uno de los primeros antecedentes en el país en invalidar una condena penal por el uso de este tipo de tecnología.
Sin embargo, el máximo tribunal provincial adoptó ahora un criterio diametralmente opuesto. Al hacer lugar a una queja presentada por las fiscales del caso, los ministros sostuvieron que el proceso penal no evalúa los métodos que utiliza un juez para elaborar su razonamiento, sino el contenido final de la sentencia y la solidez de sus fundamentos.
La causa se originó en noviembre de 2023 en Esquel, cuando un hombre fue acusado de robo simple. El juez penal Carlos Rogelio Richeri lo condenó en 2024 a dos años y seis meses de prisión efectiva. Tras la apelación de la defensa, la Cámara revisó el fallo y detectó la polémica frase que desató el conflicto.
Para el Superior Tribunal, la deliberación judicial —incluyendo la consulta de doctrina, antecedentes o incluso herramientas tecnológicas— forma parte del proceso intelectual privado del magistrado. En ese sentido, remarcaron que la sola presencia de una expresión asociada a inteligencia artificial no constituye prueba suficiente de que el juez haya delegado su función de decidir.
Los ministros subrayaron que, para anular una sentencia, es indispensable acreditar un perjuicio concreto, como una afectación al derecho de defensa o una fundamentación deficiente. En este caso, consideraron que esos extremos no fueron demostrados.
Asimismo, el fallo establece un límite claro: la inteligencia artificial puede utilizarse como herramienta de apoyo, pero nunca como una fuente autónoma de decisión. La responsabilidad sobre el contenido del fallo, enfatizaron, recae exclusivamente en el juez que lo firma.
Con esta resolución, el Superior Tribunal devolvió el expediente a la Cámara en lo Penal de Esquel, que deberá volver a analizar la apelación de la defensa, aunque con una nueva integración. Allí se revisarán los planteos originales vinculados a la valoración de pruebas —como imágenes de cámaras de seguridad y una pericia criminalística— y la pena impuesta.
La decisión, firmada el 13 de marzo por cinco de los seis ministros del tribunal, no solo resuelve el caso puntual, sino que también fija un criterio vinculante para futuras intervenciones en ese ámbito.
El debate sobre el uso de inteligencia artificial en la Justicia no es exclusivo de Argentina y forma parte de una discusión global. Uno de los antecedentes más conocidos ocurrió el 22 de junio de 2023 en Estados Unidos, cuando un abogado presentó una demanda contra la aerolínea Avianca citando jurisprudencia inexistente generada por ChatGPT, lo que derivó en sanciones y encendió alarmas en el ámbito legal internacional.
