Un juez laboral de Córdoba declaró inconstitucional el artículo 55 de la nueva reforma laboral, el apartado que establece cómo deben actualizarse los créditos laborales en los juicios que ya estaban en trámite cuando entró en vigencia la norma.
La resolución fue firmada el 10 de marzo por el magistrado Ricardo Gileta y se conoció públicamente este jueves. En su fallo, el juez determinó que queda “desechada la validez de constitucional del artículo 55”, al considerar que el mecanismo previsto por la reforma vulnera principios del derecho laboral.
El artículo cuestionado regula la forma de actualizar las deudas en juicios laborales en curso. El esquema toma como referencia las tasas de interés del Banco Central, con un tope equivalente a la inflación más un 3% anual y un piso del 67% de ese cálculo.
Según especialistas del fuero laboral, ese sistema podría reducir entre un 20% y un 60% los montos finales que percibirían los trabajadores respecto de los criterios que aplicaban varios tribunales antes de la reforma.
En su decisión, Gileta resolvió que el capital adeudado debe recalcularse conforme al artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, también modificado por la reforma laboral. Ese mecanismo establece que la deuda se actualice siguiendo la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que se agregue un interés del 3% mensual desde el momento de la mora hasta el pago efectivo.
El magistrado explicó que el artículo 55 introduce un criterio distinto para las causas iniciadas antes de la sanción de la norma. En esos casos, la actualización de las deudas debe tomar como referencia la tasa pasiva del Banco Central, comparada con la inflación y con un piso equivalente al 67% del cálculo previsto en el artículo 276.

Para el juez, ese esquema implica un trato desigual entre procesos judiciales, ya que diferencia entre juicios nuevos y causas que ya estaban en trámite. A su entender, esa distinción vulnera el principio de igualdad ante la ley, por lo que dispuso que en el caso analizado los créditos laborales se actualicen bajo el criterio previsto por el artículo 276.
El fallo también remarca que los créditos laborales tienen naturaleza alimentaria y cuentan con una protección especial dentro del derecho del trabajo. En ese sentido, advierte que cualquier mecanismo que reduzca significativamente su valor frente a la inflación puede afectar el principio de reparación plena y el principio protectorio consagrado en la Constitución.















