El Gobierno nacional promulgó este lunes el nuevo Régimen Penal Juvenil a través de la Ley 27.801, oficializando un cambio estructural en la justicia para menores en el país. La norma, sancionada recientemente por el Senado, establece que los adolescentes serán penalmente responsables por delitos cometidos desde los 14 años hasta las cero horas del día en que cumplan los 18. El nuevo esquema legal busca fomentar el sentido de responsabilidad y lograr la integración social de los jóvenes en conflicto con la ley.
Claves del nuevo Régimen Penal Juvenil
La normativa establece una escala de sanciones que varía según la gravedad del delito y la edad del imputado. Entre las principales disposiciones, se destaca que el plazo máximo de las penas privativas de la libertad para adolescentes será de 15 años, incluso en casos de concursos de delitos donde la escala penal para adultos sea mayor. Además, la ley prohíbe explícitamente la imposición de prisión o reclusión perpetua para menores de edad.
Para delitos con penas previstas de hasta tres años, la prisión deberá ser reemplazada obligatoriamente por penas alternativas, tales como amonestaciones, prestación de servicios a la comunidad o reparación integral del daño a la víctima.
Medidas de resocialización y control
El Régimen Penal Juvenil incorpora una serie de medidas complementarias orientadas a la formación del adolescente. Estas incluyen:
- Asistencia educativa: Programas obligatorios para garantizar la finalización de los estudios básicos.
- Capacitación laboral: Cursos dirigidos a la inserción en el mercado de trabajo.
- Supervisión especializada: Se designará un supervisor con formación en pedagogía y psicología para realizar un seguimiento semanal de cada joven.
- Abordaje de salud: Tratamientos médicos o psicológicos y asistencia ante el consumo problemático de sustancias.
Condiciones de detención y justicia especializada
En los casos donde sea indispensable la privación de la libertad, el alojamiento deberá realizarse en institutos especializados, quedando terminantemente prohibido el contacto con personas mayores de edad. Si un adolescente alcanza la mayoría de edad sin haber concluido su condena, será trasladado a establecimientos para adultos, salvo excepciones que favorezcan su continuidad educativa o de salud. La implementación de la Ley 27.801 deroga la anterior normativa (Ley 22.278) e invita a las provincias, incluida Chubut, a adecuar sus legislaciones locales a estos nuevos principios de justicia juvenil especializada.
