La Fiscalía de Puerto Madryn investiga una presunta maniobra vinculada a la instalación clandestina de televisión por cable, en una causa por el delito de robo que derivó este viernes en allanamientos en la vivienda de un sospechoso.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 13 de febrero, en la que se advertía que un hombre ofrecía de manera ilegal el servicio de cable perteneciente a la empresa Flux. Según se indicó, realizaba conexiones desde postes ubicados en la vía pública hacia domicilios particulares y comercios, cobrando alrededor de 80 mil pesos por cada instalación.

Tras la presentación, el Ministerio Público Fiscal dispuso tareas investigativas que quedaron a cargo de la División Policial de Investigaciones (DPI). Durante los trabajos de campo, los investigadores lograron identificar al sospechoso mientras realizaba tareas de cableado en un poste, situación que fue documentada mediante fotografías y registros fílmicos.
En ese contexto, el morador de una vivienda manifestó a los investigadores que había contratado el servicio momentos antes. Posteriormente, técnicos de la empresa Flux inspeccionaron la instalación y confirmaron que se trataba de una conexión clandestina, realizada con elementos distintos a los utilizados por la compañía y sin los dispositivos de seguridad que caracterizan a las instalaciones oficiales.

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Fiscalía solicitó medidas judiciales para avanzar en la causa. Como resultado, este viernes se llevaron adelante allanamientos en una vivienda ubicada sobre calle La Pampa al 800.
Durante el procedimiento se buscó secuestrar distintos elementos presuntamente utilizados para realizar las conexiones ilegales, entre ellos un vehículo utilitario Peugeot Partner con escaleras en el techo, herramientas de trabajo para conexiones de fibra óptica o televisión, cables coaxiales, arneses de seguridad y teléfonos celulares.
La causa se investiga bajo la figura de robo, prevista en el artículo 164 del Código Penal, que sanciona el apoderamiento ilegítimo de bienes o servicios ajenos.














