En la última década, las políticas públicas vinculadas a la igualdad de género en Argentina atravesaron un fuerte cambio de rumbo. Desde la incorporación de herramientas para medir cuánto invertía el Estado en reducir brechas de género hasta el actual escenario de recortes y eliminación de programas.
El análisis del presupuesto nacional se toma como método para dar cuenta sobre la variación del enfoque estatal entre los diferentes gobiernos, y vuelve a instalar el debate en el marco de un nuevo Día Internacional de la Mujer.
De políticas dispersas a un presupuesto con perspectiva de género
Entre 2016 y 2019, las políticas vinculadas a género existían en distintos organismos del Estado, pero el Presupuesto nacional no identificaba partidas específicas para medir cuánto se destinaba a reducir desigualdades.
El cambio comenzó a gestarse hacia 2019 y se consolidó en 2020, cuando el Ministerio de Economía creó el sistema de Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG), una herramienta que permitía identificar dentro del gasto público aquellas políticas destinadas a cerrar, o en primera instancia, disminuir brechas entre hombres y mujeres.
Ese esquema se aplicó de manera plena por primera vez en el Presupuesto 2021, que identificó programas con impacto en:
- Ingresos y autonomía económica
- Tareas de cuidado
- Prevención de violencia de género
- Salud sexual y reproductiva
- Acceso al empleo.
El presupuesto con perspectiva de género continuó ampliándose en los años siguientes. Para 2023, el gasto identificado bajo este criterio superaba los 4 billones de pesos, lo que representaba cerca del 15% del presupuesto nacional.
Entre los programas incluidos se encontraban:
- Asignación Universal por Hijo
- Tarjeta Alimentar
- Potenciar Trabajo
- Programa Acompañar
- Línea 144 de asistencia a víctimas de violencia
- Políticas de salud sexual y reproductiva.
El cambio de rumbo desde 2024
El escenario comenzó a modificarse a partir de diciembre de 2023 con la llegada de Javier Milei al Poder Ejecutivo. El nuevo gobierno cerró el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y eliminó el sistema de monitoreo del presupuesto con perspectiva de género.
Un informe elaborado por organizaciones como ACIJ y ELA advierte que el proyecto de presupuesto 2026 consolida el proceso de desmantelamiento de políticas iniciado en 2024. Según ese análisis, el presupuesto total de la Administración Pública Nacional se redujo un 27% en 2024 y el proyecto para 2026 es un 24% menor en términos reales que el gasto ejecutado en 2023.
Sin embargo, el ajuste en políticas vinculadas a género fue todavía mayor: los recortes en estas áreas triplican el ajuste aplicado al resto del presupuesto.
Programas desfinanciados o eliminados
El informe señala que el impacto más fuerte se observa en programas destinados a la prevención y atención de la violencia de género.
El Programa Acompañar, que brindaba asistencia económica y asistencia a personas que atraviesan situaciones de violencia, concentraba el 85% del presupuesto del ex Ministerio de Mujeres en 2023.
Sin embargo, en 2024 su presupuesto se redujo un 90% respecto al año anterior, mientras que la cantidad de personas asistidas cayó de más de 100.000 en 2023 a apenas 434 en 2024. Además, desde 2025 el programa dejó de tener una partida presupuestaria identificable.
La Línea 144, principal canal de atención telefónica para víctimas de violencia de género, también sufrió recortes significativos.
El informe señala que el área destinada a dar respuesta telefónica perdió dos tercios de su presupuesto en 2024 y redujo un 45% su planta de trabajadoras. Además, la meta oficial prevista de personas que deberán ser asistidas se redujo de 180.000 en 2023 a 60.000 para 2026.
En conjunto, el presupuesto destinado a políticas de prevención y atención de la violencia —que incluye el Programa Acompañar, la Línea 144 y otras iniciativas— registra una caída del 89% respecto a 2023. El informe también advierte sobre recortes en políticas de salud sexual y reproductiva y en programas de educación sexual integral.
El caso de Chubut
Mientras el escenario nacional muestra un retroceso en el financiamiento de estas políticas, algunas provincias continúan sosteniendo programas vinculados a género dentro de sus presupuestos.
En Chubut, las principales partidas se concentran dentro del Ministerio de Desarrollo Humano de Chubut, que reúne programas de asistencia social, protección de derechos y acompañamiento a familias.
De acuerdo con el presupuesto provincial 2026, las partidas vinculadas a políticas de género y familia incluyen distintos programas sociales.
Entre ellos se encuentra el Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, que financia equipos interdisciplinarios, asistencia a víctimas y campañas de prevención. Para 2026 se prevé una inversión cercana a 5.800 millones de pesos.
También se incluye el Programa de Fortalecimiento Familiar, orientado al acompañamiento de familias vulnerables y mujeres jefas de hogar, con una asignación estimada de 9.400 millones de pesos.
Otro componente relevante es el Sistema de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, que financia hogares y dispositivos de cuidado para garantizar derechos de niños y adolescentes, con un presupuesto cercano a 12.700 millones de pesos.
El presupuesto provincial también contempla programas de igualdad, diversidad e inclusión, con una partida estimada de 2.100 millones de pesos. En total, las partidas vinculadas a género, familia y protección de derechos suman alrededor de 30.000 millones de pesos dentro del presupuesto provincial.
Esta cifras de políticas de protección de mujeres que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, supera los 3,39 billones de pesos, lo que representa menos del 1% del gasto provincial, dentro de lo que es el presupuesto total de Chubut.
El debate que vuelve cada 8M
El análisis del presupuesto se convirtió en una de las principales herramientas para evaluar las prioridades de la política pública.
Mientras organizaciones sociales sostienen que la continuidad de las políticas de género es clave para prevenir la violencia y garantizar derechos, el gobierno nacional plantea que esas políticas deben integrarse dentro de programas sociales generales.
En ese contexto, el 8M vuelve a instalar una discusión central: cuánto invierte el Estado en la prevención y contención en hechos de violencia de género, y reducir desigualdades, manteniendo un monitoreo de esas políticas dentro del presupuesto público.
