En un plenario conjunto, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, presidida por la diputada María Andrea Aguilera, y la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Ambiente, encabezada por el diputado Emanuel Fernández, emitieron dictámenes favorables a iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo. Se trata del tratamiento de dos proyectos estratégicos para el desarrollo productivo, con especial énfasis en la pesca y el petróleo.
Uno de los proyectos más relevantes es el Proyecto de Ley N° 5/26, que propone la sustitución de artículos de la Ley IX N° 157, de Política de Desarrollo Pesquero Sustentable. La iniciativa introduce una reforma profunda en el régimen pesquero provincial y era conocida inicialmente como “Ficha Limpia Pesquera”, debido a los cambios que impulsa en materia de sanciones, control y transparencia en la actividad.
El segundo dictamen favorable correspondió al Proyecto de Ley N° 8/26, que aprueba el Acta Acuerdo “Derechos de Exportación y Fomento a las Inversiones de Petróleo Convencional”, una herramienta destinada a incentivar nuevas inversiones en el sector hidrocarburífero tradicional y a fortalecer la actividad en la cuenca del Golfo San Jorge.
Tras el trabajo realizado en comisiones, ambos proyectos quedaron en condiciones de ser tratados en la primera sesión ordinaria del año legislativo, convocada para el próximo lunes 2 de marzo.
En el caso de la reforma pesquera, el proyecto ingresó formalmente a la Legislatura la semana pasada, pero su tratamiento parlamentario fue precedido por una rápida instancia de revisión y consenso con las cámaras empresarias del sector.
Tal como se había anticipado en días previos, el Ejecutivo provincial convocó a representantes de las principales entidades pesqueras para analizar y ajustar algunos artículos que generaron observaciones.
“El Ejecutivo se mostró muy receptivo a escuchar las observaciones y pidió que las modificaciones sean enviadas con bastante urgencia para poder incorporarlas en el transcurso del día”, señalaron desde las cámaras.
Entre los principales puntos en revisión se encuentran el régimen de sanciones, la previsibilidad jurídica y la definición precisa de las faltas graves que podrían derivar en la suspensión o quita de permisos de pesca.
“Es fundamental darle un marco de gravedad claro a las infracciones. ¿Quién determina qué es una falta grave? Ese tipo de cuestiones deben quedar perfectamente establecidas en la ley”, expresaron al remarcar la necesidad de evitar interpretaciones discrecionales.
Otro de los ejes de debate fue el alcance temporal de la norma, especialmente en lo referido a la retroactividad. Las cámaras plantearon la importancia de definir con claridad desde qué momento comenzará a regir la ley y cómo se aplicarán las sanciones, con el objetivo de evitar zonas grises que puedan derivar en conflictos judiciales.
