La paternidad fue para él un acto de fe y de amor. A pesar de contar con un diagnóstico médico previo que indicaba dificultades para concebir, confió en la palabra de su pareja cuando ella quedó embarazada. Al nacer la niña, la reconoció sin dudar y le dio su apellido, asumiendo desde el primer día un rol paterno activo, presente y comprometido.
Durante años acompañó su crecimiento, incluso después de la ruptura de la relación de pareja, momento en el que acordó una cuota alimentaria para sostener su crianza. Sin embargo, con el paso del tiempo, la madre le confesó que no era el padre biológico de la pequeña. Frente a esa revelación, el hombre decidió acudir al Poder Judicial de Río Negro para que la niña pudiera conocer su verdadera identidad.
El caso llegó a un juzgado de Familia de la Segunda Circunscripción Judicial, que hizo lugar a la demanda de impugnación de la paternidad extramatrimonial presentada por el hombre. La jueza dictó sentencia definitiva y resolvió excluir el vínculo legal que lo unía con la niña, tras confirmarse, mediante una pericia genética, la inexistencia de lazo biológico.
Un fallo basado en la evidencia científica
La prueba de ADN resultó determinante. El informe pericial concluyó que se excluye la existencia de vínculo biológico con un grado de certeza prácticamente absoluto. La mujer, por su parte, contestó la demanda y prestó conformidad con la realización del estudio genético, cuyos resultados no dejaron margen para la duda.
En su dictamen, la defensora de menores consideró que, a la luz de la pericia y en resguardo del derecho a la identidad de la niña, correspondía hacer lugar a la demanda. En esa misma línea, el hombre solicitó formalmente que se ordenara la supresión de su apellido del acta de nacimiento.
Rectificación registral y derecho a la identidad
En su resolución, la magistrada ordenó la rectificación del acta de nacimiento en el Registro Civil, disponiendo que la niña figure únicamente con el apellido de su madre. De este modo, se dio cumplimiento a lo solicitado en la demanda y a lo aconsejado por la defensora de menores.
La jueza fundamentó su decisión en principios constitucionales y convencionales, al señalar que “en las acciones de filiación estamos frente a un interés social que va más allá del interés de las partes, ya que lo que se busca es proteger el derecho del hijo a acceder a un emplazamiento filial respetuoso de su identidad y acorde con su realidad biológica”.
Asimismo, destacó que el interés superior de la niña constituye el principio rector del caso, de conformidad con la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la legislación específica de protección de la infancia. En ese marco, remarcó que el derecho a la identidad posee jerarquía constitucional y que la prueba genética representa el medio más relevante en los procesos de filiación, debido a su altísimo grado de certeza.
