El Senado de la Nación debate este jueves una reforma estructural a la Ley de Glaciares (26.639), en el marco del cierre del período de sesiones extraordinarias. La iniciativa propone redefinir los criterios de protección ambiental y transferir mayores facultades a las provincias, con el objetivo de dinamizar inversiones, especialmente en el sector minero.
El proyecto plantea un cambio central en la protección del ambiente periglacial. La redacción actual, considerada por sus impulsores como “laxa”, sería reemplazada por un criterio que exige demostrar un aporte hídrico “relevante” y “comprobable” a la cuenca para que un área quede bajo resguardo. Este punto concentra el eje del debate legislativo.
La propuesta establece que sean las jurisdicciones provinciales las encargadas de identificar y catalogar las zonas aptas para el desarrollo extractivo. El argumento se apoya en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reafirma que el dominio originario de los recursos naturales corresponde a las provincias.
De avanzar la reforma, el control nacional cedería terreno en la toma de decisiones vinculadas al impacto ambiental y la gestión de las áreas involucradas. Si bien el Inventario Nacional de Glaciares (ING) continuará bajo la órbita del IANIGLA, la decisión final sobre la habilitación y evaluación de proyectos quedaría en manos de los estados provinciales.
El debate se produce en un contexto de fuerte discusión sobre el equilibrio entre protección ambiental y desarrollo productivo.
