El Senado firmó el dictamen del nuevo Régimen Penal Juvenil y el oficialismo ya se prepara para convertirlo en ley en los próximos días. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó que el proyecto será tratado en el recinto la semana próxima y sostuvo que la reforma busca poner fin a la impunidad.
“La semana que viene lo vamos a convertir en ley. En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada”, expresó la senadora a través de sus redes sociales. Además, remarcó que “a las víctimas y a sus familias nadie les devuelve lo que perdieron ni justicia para los responsables. Pero se terminó mirar para otro lado”.
El avance fue celebrado también por el presidente Javier Milei, quien desde Estados Unidos publicó un mensaje en redes: “TMAP. VLLC!”, sigla que significa “todo marcha de acuerdo al plan” y su ya habitual “viva la libertad carajo”. Mientras que César Treffinger, diputado nacional del Chubut por la LLA, comentó el twitt del presidente «Dios bendiga a la República Argentina. Gracias por brindarnos siempre su respaldo Sr Presidente @JMilei»
La iniciativa ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados con 149 votos a favor y 100 en contra. El proyecto fue respaldado por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo e Independencia, mientras que el peronismo, la izquierda, Elijo Catamarca y Defendamos Córdoba votaron en contra.
El texto propone reemplazar una ley vigente desde la dictadura y establece un nuevo régimen especial para menores. La principal modificación es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, además de contemplar sanciones que pueden llegar hasta los 15 años de prisión en casos de delitos graves.
La norma descarta la pena perpetua para menores y dispone que las condenas se cumplan en establecimientos especiales, separados de los adultos. Asimismo, incorpora un abanico de sanciones alternativas a la prisión, con un enfoque social y educativo orientado a la resocialización.
En los delitos con penas menores a tres años no se prevé prisión, mientras que para condenas de entre tres y diez años —cuando no haya muerte ni lesiones graves— se priorizarán medidas alternativas antes que el encierro. Con el dictamen firmado, el proyecto quedó a un paso de convertirse en ley y marcar un cambio profundo en el sistema penal juvenil argentino.
