Un chofer de Río Negro que prestaba servicios en una línea interurbana de la región andina fue despedido poco más de tres meses después de haber ingresado a trabajar por una sanción disciplinaria interna y un accidente laboral ocurrido en el taller de la empresa. La desvinculación derivó en una demanda judicial por más de 18 millones de pesos, bajo el argumento de que el despido había sido injustificado y que la empleadora no podía ampararse en el período de prueba.
Sin embargo, la Cámara Laboral de Bariloche concluyó que el vínculo laboral había sido correctamente registrado desde el inicio y que la rescisión del contrato se produjo dentro del tramo legal del período de prueba previsto por la Ley de Contrato de Trabajo. En consecuencia, rechazó el reclamo por indemnización por antigüedad, aunque hizo lugar parcialmente a otros planteos y ordenó el pago de una suma que, con intereses y recargos, superó los siete millones de pesos.
La relación laboral y la sanción disciplinaria
El trabajador comenzó a desempeñarse el 26 de septiembre de 2024 como conductor en recorridos entre Lago Puelo y El Bolsón. Según consta en la causa, a fines de diciembre, durante un control interno, la empresa detectó una irregularidad en la emisión de dos boletos, cuyos pasajeros modificaron el destino durante el viaje.
A raíz de esa situación, el 3 de enero se le aplicó una suspensión disciplinaria de 48 horas, que cumplió los días 7 y 8 del mismo mes. Al reincorporarse, ya no fue destinado a tareas de conducción, sino que pasó al sector taller, donde quedó a disposición para colaborar en distintas labores internas.
El accidente y el despido
El 10 de enero, mientras participaba en la reparación de una unidad, una barra de dirección se soltó y le provocó un traumatismo en la mano derecha. Fue atendido en el hospital y recibió una indicación de reposo por 72 horas, que se extendía hasta el 13 de enero inclusive.
No obstante, al día siguiente, el 14 de enero, recibió el telegrama de despido, lo que dio inicio al conflicto judicial. En su demanda, el chofer sostuvo que la relación laboral había comenzado antes de la fecha oficialmente registrada y que la empresa utilizó de manera abusiva la figura del período de prueba para eludir el pago de la indemnización correspondiente. También cuestionó las condiciones salariales y el contexto general en el que se produjo la desvinculación.
El criterio del tribunal
Para la Cámara Laboral, el punto central fue la fecha de alta ante el organismo fiscal. El registro oficial indicaba que el ingreso se había producido el 26 de septiembre de 2024, y durante el proceso no se logró acreditar un inicio anterior de la prestación de servicios.
Entre esa fecha y el 14 de enero de 2025 no habían transcurrido los seis meses que establece la legislación vigente como período de prueba para los contratos por tiempo indeterminado. En ese lapso, la Ley de Contrato de Trabajo habilita al empleador a extinguir la relación laboral sin abonar indemnización por antigüedad, siempre que el trabajador esté correctamente registrado.
El tribunal entendió que ese requisito se cumplió, por lo que rechazó el reclamo por despido injustificado y los incrementos indemnizatorios asociados.
La lesión y su impacto jurídico
En cuanto al accidente ocurrido en el taller, los jueces y la jueza que integraron la Cámara tuvieron por acreditado que la lesión se produjo dentro del establecimiento y en el marco de tareas vinculadas a la empresa. Sin embargo, consideraron que esa circunstancia no modificaba el encuadre legal del caso, dado que la ruptura del vínculo se produjo dentro del período de prueba y no existía impedimento normativo para aplicar ese régimen, aun cuando mediara un accidente laboral.
Diferencias salariales y condena económica
Donde sí avanzó la sentencia fue en el análisis de los montos salariales efectivamente abonados. La empresa reconoció que realizaba pagos superiores a los declarados en los recibos oficiales, lo que llevó al tribunal a ordenar la rectificación del registro laboral y la emisión de certificados con las remuneraciones reales.
Además, hizo lugar al reclamo por diferencias en el aguinaldo, días trabajados de enero, vacaciones no gozadas y preaviso. Con la aplicación de intereses y recargos por la falta de pago en tiempo y forma, la condena económica superó los siete millones de pesos.
El fallo, que no incluyó indemnización por antigüedad, no se encuentra firme y puede ser apelado por las partes ante una instancia superior.
