La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este miércoles antes del mediodía la convocatoria a un nuevo paro nacional para el día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. La decisión, que marca el cuarto cese de actividades desde el inicio de la gestión de Javier Milei, fue ratificada en una conferencia de prensa realizada en la histórica sede sindical de Azopardo 802.
La medida fue resuelta el lunes durante una reunión por Zoom del Consejo Directivo, en la que se impuso una postura mayoritaria de no volver a convocar a la calle, tras la escasa convocatoria de la marcha realizada la semana pasada durante el debate en el Senado. En cambio, la central obrera decidió concentrar su estrategia en una paralización total de los centros productivos.
“La industria está en un momento muy delicado y esta ley viene a castigar a los trabajadores. En dos años se perdieron más de 270 mil puestos laborales netos y cerraron más de 20 mil empresas”, alertaron desde la conducción cegetista. Los datos oficiales respaldan el diagnóstico: según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron 192.328 empleos privados registrados y 79.620 puestos en el sector público.
A este escenario se suma el deterioro del entramado productivo. De acuerdo con el último informe del Indec, en diciembre de 2025 la capacidad instalada de la industria cayó al 53,8%, por debajo del 56,7% registrado en el mismo mes del año anterior. En ese contexto, este miércoles se conoció el cierre definitivo de la empresa fabricante de neumáticos Fate, que operaba apenas al 30% de su capacidad y despidió a 920 trabajadores, un dato que profundizó el clima de tensión sindical.
“El problema hoy no está en las calles, sino en las fábricas”, sintetizó uno de los principales referentes gremiales, en alusión al impacto directo de la crisis económica y a la estrategia de focalizar el conflicto en los lugares de producción.
Presencia sindical en el Congreso
En paralelo al anuncio del paro, la cúpula de la CGT confirmó su participación este miércoles en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará obtener dictamen para llevar la reforma laboral al recinto. Según confirmaron desde Azopardo, los tres secretarios generales del triunvirato –Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello– estarán presentes en el Anexo del Congreso para expresar el rechazo sindical al proyecto.
Las negociaciones en torno a la iniciativa se intensificaron tras la eliminación del polémico artículo 44, que proponía reducir entre un 50% y un 75% el salario durante enfermedades no laborales. Ese punto generó un fuerte rechazo transversal y obligó al Gobierno a recalcular su estrategia parlamentaria.
Además, existen focos de conflicto sobre otros aspectos sensibles, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que busca modificar el actual esquema indemnizatorio. En este punto, algunos bloques legislativos trabajan en propuestas alternativas, mientras mantienen canales de diálogo abiertos con la CGT.
Desde la central obrera advierten que la eliminación de artículos clave y la posibilidad de nuevas modificaciones podría forzar el regreso del proyecto al Senado, complicando los tiempos políticos del oficialismo, que aspira a inaugurar las sesiones ordinarias con la ley aprobada.
Bloques indecisos y un escenario abierto
En la Cámara baja, la estrategia sindical apunta especialmente a los bloques considerados “de centro”, que podrían definir el quórum y el resultado de la votación. Entre ellos, se destaca el espacio Provincias Unidas, integrado por 18 diputados, donde conviven posturas diversas frente a la reforma laboral.
La jefa del bloque, Gisela Scaglia, adelantó que no darán quórum si el proyecto llega al recinto, mientras que otros legisladores del espacio anticiparon la presentación de una alternativa al FAL y confirmaron contactos con la CGT.
El escenario legislativo aparece así marcado por la incertidumbre, con un oficialismo que enfrenta crecientes resistencias y una oposición sindical que busca capitalizar el desgaste social de las políticas económicas.
La incógnita del transporte y el rol de la UTA
Uno de los puntos decisivos para el alcance del paro será la adhesión de los gremios del transporte. Desde la CGT aseguran contar con el compromiso de todos los sindicatos del sector, nucleados en la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), que incluye a ferroviarios, camioneros, estaciones de servicio y colectiveros.
Sin embargo, persisten las dudas en torno a la postura de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), conducida por Roberto Fernández. En la central obrera recuerdan que, en la última huelga, la UTA adhirió formalmente pero mantuvo el servicio de colectivos bajo el argumento de una conciliación obligatoria, lo que debilitó el impacto de la protesta.
Actualmente, el gremio de los colectiveros se encuentra nuevamente bajo conciliación obligatoria, dictada por el Ministerio de Capital Humano el pasado 10 de febrero por un plazo de 15 días. Esta situación podría ser utilizada otra vez como justificación para no paralizar el transporte público, un factor que condiciona fuertemente la efectividad de la medida.
Pese a que desde la UTA afirmaron esta semana que “van a adherir”, en la CGT mantienen cautela. “Está jugando su propio partido”, deslizó un dirigente sindical, al recordar las tensiones internas que persisten tras la salida del gremio del Consejo Directivo.
Con información de La Nación
