Los gremios que integran la Federación Sindical Marítima (FESIMAF) definieron un cese total de actividades por 48 horas, en el marco del debate por la reforma laboral. La medida impactará de lleno en el sector pesquero, especialmente en las embarcaciones que tengan prevista su zarpada entre la hora cero del miércoles 18 de febrero y las 24 del jueves 19, pudiendo retomar tareas a partir de la hora cero del viernes 20 de febrero, según informaron.
Desde la federación explicaron que la protesta busca “defender nuestros derechos laborales, la estabilidad de nuestros puestos de trabajo y la dignidad de la familia marítima frente a iniciativas que buscan precarizar nuestra actividad”.
En un comunicado difundido este martes, los gremios marítimos advirtieron que se encuentra en discusión una reforma laboral que pretende excluir al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que motivó la sorpresiva convocatoria al paro.
Ejes de la protesta
“Quieren dejarnos afuera de la protección laboral básica. Y no hay ningún fundamento para convertirnos en trabajadores con menos derechos”, señalaron al fundamentar la medida de fuerza.
La FESIMAF está conformada por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU); el Centro de Patrones; el Centro de Capitanes de Ultramar; la Asociación de Capitanes y Baqueanos; Maquinistas Navales, Electricistas Navales, Radiocomunicaciones y Comisarios Navales; y el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA).
“Derechos básicos en riesgo”
Entre los argumentos centrales del paro marítimo, los sindicatos sostienen que el proyecto de Reforma Laboral —que ya cuenta con media sanción en el Senado y próximamente será tratado en la Cámara de Diputados— pone en riesgo conquistas históricas del sector.
“Esto no es modernización. No es adecuación de la actividad marítima. Es un recorte de derechos”, enfatizaron. Además, remarcaron que la particularidad del trabajo embarcado “nunca implicó perder derechos, sino complementarlos con la Ley de Contrato de Trabajo y sus principios protectores”.
Según detallaron, la eventual exclusión del personal embarcado afectaría derechos básicos como licencias, protección de la maternidad y garantías frente a posibles abusos patronales. También alertaron sobre el debilitamiento de principios esenciales como la irrenunciabilidad de derechos, la primacía de la realidad y la protección ante el fraude laboral.
Finalmente, los gremios manifestaron su rechazo a cualquier retroceso en materia laboral: “No aceptamos que se retroceda en derechos conquistados. Exigimos que el Congreso dé marcha atrás y mantenga al personal embarcado bajo la protección de la Ley de Contrato de Trabajo”.
