En el marco del intenso debate por la reforma del Régimen Penal Juvenil en la Cámara de Diputados, el legislador chubutense José Glinski (Unión por la Patria) centró su intervención en la viabilidad fáctica de la ley. Tras cuestionar el «perfil autoritario» del Gobierno, el diputado anunció que acompañará la creación de una comisión bicameral de implementación y seguimiento, con el objetivo de fiscalizar que el Estado cumpla con los recursos necesarios.
Una bicameral para evitar «leyes muertas»
La propuesta de Glinski surge como respuesta a lo que considera una falta de financiamiento crónico. Según el legislador, el proyecto enviado por el Ejecutivo nacional no cuenta con las partidas presupuestarias para ejecutarse. Por ello, la creación de una comisión bicameral busca que diputados y senadores auditen codo a codo la aplicación del régimen en las provincias.
Para el legislador, el debate sobre la edad de imputabilidad es una «trampa» discursiva que oculta el verdadero problema: la desresponsabilización del Estado en la prevención y tratamiento de la delincuencia juvenil.
Durante su discurso, Glinski calificó de «mentira» las consignas oficiales como «delito de adulto, pena de adulto». Aseguró que esa premisa no está contenida en el dictamen y que se utiliza únicamente como un recurso de campaña. «Estamos perdiendo la oportunidad de hacer un trabajo serio producto del oportunismo de la creación de eslóganes», lamentó.
El exministro de Seguridad de Chubut cerró su exposición reivindicando su gestión operativa y pidió «madurez política» para que la ley, en caso de obtener media sanción, cuente con un seguimiento real que garantice tanto los derechos de las víctimas como la reinserción de los jóvenes.















