El Gobierno afrontó el último miércoles su primera pulseada legislativa del año con el tratamiento de la reforma laboral, un proyecto que arribó al Senado con más de 20 modificaciones respecto de su versión original y que consiguió la media sanción. Para alcanzar ese resultado, la Casa Rosada, representada en la Cámara Alta por la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, debió negociar con gobernadores y espacios dialoguistas, aceptar ajustes sensibles y atenuar varios puntos que habían despertado objeciones políticas, empresarias y sindicales.
Con el aval del Senado, el oficialismo se prepara ahora para la discusión en la Cámara de Diputados, donde anticipan un escenario aún más complejo. El objetivo central del Ejecutivo es dinamizar el mercado laboral, disminuir la litigiosidad y fomentar la formalización del empleo.
Concesiones a gobernadores y gremios
Entre las modificaciones incorporadas a último momento, los gobernadores resultaron actores clave. El Ejecutivo retiró el artículo que proponía bajar del 30% al 27% la alícuota del Impuesto a las Ganancias para empresas, un tributo coparticipable que impacta directamente en los ingresos provinciales.
Los sindicatos también obtuvieron concesiones. Se mantendrán los aportes patronales del 6% destinados a las obras sociales y seguirá vigente el aporte solidario sindical, aunque con un tope del 2% y por un plazo de dos años. Pese a estos cambios, la tensión no cedió: durante el debate hubo movilizaciones y enfrentamientos con la policía en las inmediaciones del Congreso.
En paralelo, se confirmó que el pago de salarios deberá efectuarse exclusivamente por vía bancaria, descartándose la posibilidad de utilizar billeteras virtuales.
Indemnizaciones y desvinculaciones, eje de la reforma laboral
Uno de los núcleos centrales del proyecto es la modificación del cálculo indemnizatorio. Solo se tomará como base la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones.
La iniciativa dispone además que la indemnización constituirá la única reparación por despido sin causa y establece un nuevo mecanismo de actualización de créditos laborales basado en el IPC más un 3% anual.
Como cambio estructural, se aprobó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a afrontar los costos de desvinculación. El aporte será del 1% mensual para grandes empresas y del 2,5% para micro, pequeñas y medianas compañías, con posibilidad de elevarse hasta 1,5% y 3% respectivamente si así lo define el Poder Ejecutivo con aval de la Comisión Bicameral.
Asimismo, se habilitó el pago en cuotas de sentencias judiciales: hasta seis cuotas mensuales para grandes empresas y hasta 12 para MiPyMEs y empleadores individuales. En materia de antigüedad, se estableció que si transcurren más de tres años entre el cese del vínculo y el reingreso del trabajador con el mismo empleador, el período previo no será computado.
Licencias, enfermedades y control médico
La reforma laboral introduce nuevas pautas para enfermedades o accidentes no vinculados con la actividad. Según la norma, si el hecho responde a una conducta voluntaria y riesgosa, el trabajador cobrará el 50% del salario básico durante tres meses —o seis si tiene personas a cargo—. Si no existió conducta riesgosa, el porcentaje ascenderá al 75% en los mismos plazos.
Las recaídas de enfermedades crónicas serán consideradas episodios distintos solo si pasan más de dos años entre cada una. También se refuerza la facultad del empleador para disponer controles y juntas médicas. Las suspensiones económicas o disciplinarias no afectarán el derecho a percibir la remuneración parcial en los casos contemplados.
Modernización del sistema laboral
El proyecto establece que el registro laboral ante ARCA será suficiente y que ninguna otra autoridad podrá exigir requisitos adicionales. Los libros laborales deberán conservarse durante diez años y podrán digitalizarse con plena validez jurídica.
Se redefinen además los beneficios sociales no remunerativos —como comedor, reintegros médicos, guardería, útiles o capacitación— y se habilitan esquemas voluntarios de banco de horas mediante acuerdo entre empleador y trabajador.
Incentivos e inversión productiva
La iniciativa incorpora el Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL), orientado a promover la capacitación y reconversión, y crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), destinado a estimular inversiones productivas, incorporación de tecnología y expansión empresarial.
También prevé una reducción de cargas sociales para facilitar nuevas contrataciones y establece que los convenios de empresa de una provincia podrán prevalecer sobre convenios de alcance nacional. Además, el Ejecutivo se comprometió a enviar un nuevo proyecto para promover acuerdos fiscales entre Nación y provincias con el fin de disminuir la presión tributaria.
Vacaciones y banco de horas
La normativa fija que las vacaciones anuales deberán otorgarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque podrán disfrutarse fuera de ese período si ambas partes lo acuerdan. El empleador deberá comunicar la fecha de inicio por escrito con al menos 30 días de anticipación, salvo que el convenio colectivo disponga otra modalidad.
Una modificación reciente habilita a dividir el período vacacional, siempre que cada tramo tenga un mínimo de siete días consecutivos.
En cuanto al banco de horas, el régimen para compensar horas extraordinarias podrá pactarse por escrito entre empleador y trabajador. Las horas extras deberán realizarse de manera voluntaria, con límites definidos y un sistema de registro que permita contabilizar tanto las horas trabajadas como las disponibles. También se habilitan estos acuerdos con la representación sindical, garantizando el respeto de los descansos mínimos legales y la protección de los derechos laborales.
