El gobierno de Santa Fe resolvió pasar a disponibilidad, retirar el armamento reglamentario y avanzar con posibles denuncias penales contra al menos 20 integrantes de la Policía provincial que participaron de las protestas y acuartelamientos ocurridos durante la noche del lunes, en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales. La cifra de efectivos sancionados podría incrementarse en las próximas horas, según confirmaron fuentes oficiales.
La medida fue anunciada este martes por la mañana por el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, quien brindó una conferencia de prensa para fijar la postura de la administración del gobernador Maximiliano Pullaro. El funcionario calificó como “atendibles” los reclamos salariales, pero dejó en claro que el Ejecutivo no tolerará acciones que comprometan la seguridad de la población.
“La protesta es legítima y la acompañamos. Las necesidades y los problemas de la fuerza son atendibles, porque mejorar la seguridad de los santafesinos implica mejorar las condiciones de nuestras fuerzas de seguridad”, sostuvo Cococcioni. Sin embargo, marcó un límite tajante: “No estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociaciones la seguridad de la provincia”.
Sanciones y eventuales causas penales
Según precisó el ministro, las sanciones recayeron sobre agentes que “abandonaron el servicio policial”, lo que motivó su pase a disponibilidad, el retiro del arma reglamentaria y el inicio de actuaciones administrativas que podrían derivar en denuncias penales.
“Aquellos efectivos que dejaron de cumplir sus funciones podrían tener responsabilidad penal si, como consecuencia de su incumplimiento, ocurriera un delito que no pudo ser evitado”, advirtió.
Durante la protesta, al menos 20 unidades de patrullaje urbano fueron retiradas de la calle y concentradas frente a dependencias policiales, particularmente en la Jefatura de la Unidad Regional II, en Rosario. Esta situación generó un fuerte impacto en el esquema de prevención y obligó al gobierno provincial a desplegar un operativo de emergencia para sostener el patrullaje.
“El servicio se está manteniendo con esfuerzo, no con normalidad”, reconoció Cococcioni, quien señaló que el Ejecutivo actuó para evitar un vacío de seguridad en zonas sensibles.
Reclamos salariales y postura oficial
En relación con la demanda salarial, el ministro explicó que la política de ingresos de la Policía no se discute en una paritaria propia, sino que se equipara a la de la administración pública provincial. No obstante, admitió que las fuerzas de seguridad han recibido “un diferencial porcentual” y que “merecen un reconocimiento mayor”.
“Algunas cosas ya las hemos empezado a hacer. Se puede dialogar sobre cómo mejorar las condiciones de trabajo y la organización de las jornadas laborales”, expresó, al tiempo que ratificó la voluntad de diálogo del gobierno provincial.
Denuncias por intentos de desestabilización
Uno de los tramos más duros del mensaje oficial estuvo centrado en el señalamiento de presuntas maniobras desestabilizadoras detrás de la protesta. Cococcioni afirmó que en la movilización se “fueron montando determinados grupos con intereses particulares” y apuntó contra sectores “marginales y desplazados” de la Policía santafesina.
“Hay grupos que no se resignan a haber perdido posiciones de poder y privilegio que ostentaban en otro momento. Incluso, se detectó la participación de personas allegadas a sectores vinculados a delitos gravísimos”, denunció.
Según indicó, estas acciones buscaron “hostigar al personal policial, sembrar noticias falsas y desestabilizar el despliegue preventivo en las calles”. En ese sentido, sostuvo que el gobierno “no va a permitir que se mine la política de seguridad que se está llevando adelante en la provincia”.
Seguridad, línea roja y coordinación nacional
Cococcioni defendió con firmeza el rumbo adoptado por la gestión Pullaro en materia de seguridad, al asegurar que los indicadores delictivos muestran una baja sostenida, particularmente en Rosario.
“Le guste a quien le guste, esta es una política de seguridad exitosa, coordinada con el gobierno nacional, que está bajando el delito y la violencia en Rosario y en toda la provincia. Acá trazamos una raya que no estamos dispuestos a que se cruce”, afirmó.
Asimismo, reveló que la situación está siendo monitoreada en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, con el objetivo de garantizar el control del territorio y prevenir nuevos episodios de tensión.
Con información de Página 12
