Ante el creciente interés de vecinos y asociaciones vecinales por incorporar cámaras de seguridad en distintos sectores de la ciudad, el subsecretario de Prevención y Protección Ciudadana de Puerto Madryn, Luis Báez, dio precisiones sobre el funcionamiento del sistema de videovigilancia, las normativas vigentes y los límites legales en torno a la captación de imágenes en la vía pública.
Báez recordó que la ciudad tiene con un centro de monitoreo mixto, integrado por la Policía del Chubut y el Municipio, que opera con dispositivos de videovigilancia destinados tanto a la prevención del delito como al esclarecimiento de hechos ya consumados. “Las cámaras brindan información clave para actuar de manera preventiva o para intervenir cuando el hecho ya ocurrió”, explicó.
En relación a los pedidos de vecinos que, organizados a través de vecinales, plantean la posibilidad de instalar cámaras en espacios públicos, el funcionario señaló que el tema ya fue abordado institucionalmente. “El año pasado realizamos una reunión en el Bingo Municipal junto al Ministerio de Seguridad y Justicia, convocando a todos los vecinalistas, para explicar cómo es el sistema de colocación de cámaras hacia la vía pública”, indicó.
Si bien reconoció que Seguridad se muestra abierta a este tipo de iniciativas por su utilidad preventiva, Báez fue enfático al marcar un límite claro: no está permitido crear centros de monitoreo paralelos. “El centro oficial funciona en la intersección de Bouchard y 9 de Julio. Aunque es mixto, la visualización de las imágenes está a cargo de la Policía, que es la responsable de la seguridad pública. La videovigilancia es una función exclusiva del Estado provincial”, remarcó.
En ese sentido, explicó que la normativa vigente establece que la captación y el control de imágenes en la vía pública no pueden quedar en manos privadas, más allá de las buenas intenciones que puedan tener los vecinos. “Es una función indelegable del Estado provincial”, subrayó.
Otro aspecto central que destacó el subsecretario es el resguardo de la privacidad. Todos los operadores que trabajan en el sistema de monitoreo, tanto municipales como provinciales, firman convenios de confidencialidad, lo que impide la difusión de imágenes fuera del ámbito oficial. “Todo el material que se visualiza queda dentro de esa esfera y solo puede ser requerido por la Justicia, ya sea provincial o federal”, aclaró.
Consultado sobre los planteos recientes de vecinos de distintos sectores de la ciudad, Báez adelantó que habrá instancias de diálogo. “Más allá de la buena intención de los vecinalistas en generar mayor seguridad, todo requerimiento vinculado a la prevención o al esclarecimiento de hechos debe canalizarse a través del Ministerio de Seguridad”, afirmó.
Finalmente, confirmó que se convocará nuevamente a los referentes barriales para explicar en detalle el funcionamiento del sistema y las limitaciones legales existentes. “Es importante que se entienda cómo opera la videovigilancia y por qué no se puede propiciar este tipo de sistemas de manera independiente”, concluyó.
