A solo siete días de que comiencen las sesiones extraordinarias, el oficialismo trabaja contra reloj para garantizar los votos necesarios en el Senado y sancionar la reforma laboral el 11 de febrero. El proyecto busca modificar en las indemnizaciones y convenios colectivos.
Las tratativas se dividen en dos frentes: la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, dialoga con la UCR y el PRO, mientras que el ministro del Interior, Diego Santilli, busca el respaldo de los mandatarios provinciales para asegurar el quórum y la votación positiva.
El conflicto por Ganancias y el impacto en las provincias
El principal punto de fricción en la discusión de la reforma laboral es la reducción de las alícuotas de Ganancias para las empresas (del 35% al 31,5%). Esta medida representa una pérdida de $1,2 billones para las arcas provinciales, lo que ha puesto en alerta a los gobernadores.
Hasta el momento, el Gobierno cuenta con el apoyo de mandatarios aliados como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco). También se sumaron figuras dialoguistas como Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén). Sin embargo, el oficialismo aún debe captar cuatro votos clave que podrían provenir de las provincias de Chubut, Misiones y Corrientes.
Cambios en el dictamen y beneficios para Pymes
El dictamen obtenido el pasado 11 de diciembre introdujo modificaciones para atraer el apoyo de los sectores productivos. Entre los puntos más destacados de la reforma laboral se encuentran:
- Indemnizaciones en cuotas: Las Pymes podrán abonar los despidos en hasta 18 mensualidades.
- Pago de salarios: Se estableció que los haberes podrán cancelarse en moneda nacional o extranjera.
- Ultraactividad: Se mantendrán las condiciones laborales por un año, pero se revisarán las obligaciones de aportes solidarios a cámaras y gremios.
Actualmente, LLA tiene garantizados 33 legisladores (entre propios, PRO y parte de la UCR). La resistencia persiste en senadores como Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger, quienes mantienen reparos sobre el financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral y el impacto fiscal en sus distritos.
