La Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra Animales investiga un estremecedor caso de maltrato y crueldad animal ocurrido en Esquel, donde una perra fue asesinada con extrema violencia y otra fue rescatada junto a seis cachorros durante un allanamiento judicial. El hecho se dio en el contexto de una situación de violencia de género, confirmó la doctora Cecilia Bagnato, integrante del Ministerio Público Fiscal.
El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad por el nivel de violencia ejercido contra el animal, lo que motivó una rápida intervención judicial luego de la denuncia realizada por la víctima, quien había sido previamente amenazada. Si bien la fiscal aclaró que no se trató de un episodio de extrema gravedad física contra la mujer, remarcó que el contexto general del hecho resultó sumamente alarmante.
“Fue un caso muy particular, se dio en el marco de una situación de violencia de género. La fiscalía intervino rápidamente cuando la persona víctima hizo la denuncia”, explicó Bagnato. A partir de esa presentación, se dispuso un allanamiento en el domicilio vinculado al acusado, donde los investigadores hallaron a una perra sin vida en inmediaciones de la vivienda.
Según detalló la funcionaria judicial, el animal presentaba signos claros de una violencia extrema. Había sido atado con un alambre de púas alrededor del cuello, asesinado, despellejado y presentaba además una herida profunda provocada con un cuchillo. El nivel de ferocidad evidenciado en el cuerpo del animal fue uno de los aspectos que más impacto generó y que impulsó el avance inmediato de la investigación.
Durante el mismo procedimiento, y con la intervención del área de Fauna Urbana, la fiscalía logró rescatar a otra perra que se encontraba en el interior de la vivienda junto a seis cachorros. Los animales fueron puestos a resguardo para garantizar su protección y recibir la atención veterinaria correspondiente, evitando así un posible desenlace similar.
En cuanto al avance de la causa, Bagnato explicó que la persona señalada como responsable no fue detenida debido a que el hecho no se produjo en situación de flagrancia. “Si lo hubiéramos encontrado en el momento, quizá podríamos haber procedido a la detención, pero no fue el caso”, aclaró. No obstante, la fiscalía inició de inmediato la investigación penal y comenzó a reunir todas las pruebas necesarias para solicitar una audiencia judicial.
En el marco de la investigación se realizaron pericias médico forenses, se contó con un informe veterinario elaborado en el lugar del hallazgo, se efectuó una inspección ocular y se secuestraron elementos de interés para la causa. Además, se incorporó el testimonio de la víctima, que fue ratificado posteriormente en una nueva entrevista con la fiscal.
Con el conjunto de pruebas reunidas, el Ministerio Público Fiscal buscará avanzar hacia una apertura formal de la investigación y llevar el caso a juicio. La fiscal indicó que se analizan diversas figuras penales, entre ellas lesiones, amenazas, maltrato animal y crueldad animal. En este último punto, explicó que la crueldad se configura por la perversidad de las heridas y la forma en que se produjo la muerte del animal, todo ello enmarcado en una situación de violencia de género.
Al tratarse de delitos concursados, las penas en expectativa podrían alcanzar un máximo de cinco años de prisión. Si bien, de acuerdo al testimonio de la víctima, no existirían antecedentes previos de hechos similares dentro del ámbito familiar durante los cinco años que duró la relación, el caso volvió a encender alarmas sobre la relación directa entre el maltrato animal y la violencia de género.
