Se realizó la audiencia de apertura de investigación y control de detención en el marco de la causa que investiga el homicidio culposo de Luis Eduardo Salvo, el jubilado de 82 años que falleció tras ser atropellado en Lewis Jones y Perito Moreno por un auto cuyo conductor se dio a la fuga en Puerto Madryn.
La audiencia fue presidida por la jueza Alejandra Hernández, y contó con la participación del Ministerio Público Fiscal, representado por el Dr. Lautaro Volpi, mientras que la defensa particular del imputado estuvo a cargo del Dr. Oscar Romero, con domicilio profesional en Trelew.
El caso fue formalmente caratulado como “homicidio culposo agravado por darse a la fuga”, una figura que contempla penas más severas cuando el conductor involucrado abandona el lugar del hecho sin prestar asistencia a la víctima.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso los elementos reunidos hasta el momento, entre ellos el relato de los familiares de Salvo, quienes reconstruyeron cómo ocurrió el siniestro vial.
La reconstrucción
Según se detalló, fue embestido cuando intentaba cruzar la calle para subir a su propio vehículo, correctamente estacionado. El impacto le provocó lesiones de extrema gravedad, que derivaron en su posterior fallecimiento tras varios días de internación.
El conductor involucrado se retiró del lugar sin brindar ningún tipo de auxilio, lo que agravó su situación procesal y fue uno de los puntos centrales señalados por el Ministerio Público Fiscal.
La investigación y la detención
Tras el hecho, intervino personal de la División Policía de Investigaciones (DPI), que llevó adelante un análisis de imágenes de cámaras de seguridad privadas de la zona, ya que en el sector no habría cámaras municipales operativas.
Ese trabajo permitió avanzar en la identificación del presunto responsable. Como resultado de la pesquisa, el lunes fue detenido G. L., de 43 años, y se procedió además al secuestro de un vehículo Volkswagen Polo, que habría sido utilizado al momento del siniestro vial.
Estos elementos fueron considerados claves por la Fiscalía para solicitar medidas de coerción más severas.
Prisión por 60 días
Luego de escuchar a las partes, la jueza Hernández resolvió dictar la prisión preventiva del imputado por el plazo de 60 días, mientras se desarrolla la investigación penal preparatoria.
La magistrada fundamentó su decisión en la necesidad de garantizar el proceso, evitar riesgos de entorpecimiento de la investigación y asegurar la sujeción del imputado a una eventual elevación a juicio.
