El Gobierno nacional logró suspender el fallo que declaraba nulo el protocolo antipiquetes tras presentar un recurso de apelación. La Justicia concedió el pedido con efecto suspensivo, lo que garantiza que la medida de seguridad impulsada por Patricia Bullrich continúe aplicándose mientras la Cámara define la cuestión de fondo.
La apelación del Ministerio de Seguridad
Tras el fallo dictado el 29 de diciembre que buscaba anular la resolución, el Estado nacional, a través del área de Asuntos Judiciales del Ministerio de Seguridad, interpuso un recurso de apelación. El juzgado interviniente aceptó el pedido, otorgándole un efecto suspensivo. Esto significa que la sentencia de nulidad queda sin efecto de manera provisional y el protocolo antipiquetes mantiene su plena vigencia.
La ex ministra de Seguridad y actual senadora oficialista, Patricia Bullrich, celebró la decisión judicial a través de sus redes sociales. «Buena noticia: la Justicia concedió el recurso de apelación y el Protocolo Antipiquete NO se suspende. El orden no se negocia», afirmó la funcionaria, ratificando que las fuerzas federales seguirán actuando bajo este lineamiento.
El protocolo antipiquetes y la protesta social
La validez del protocolo será ahora analizada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Mientras se tramita esta instancia, no habrá cambios en el accionar de las fuerzas federales ante cortes de tránsito o manifestaciones en jurisdicción federal.
El Gobierno fundamentó su apelación argumentando que el protocolo no restringe el derecho a la protesta, sino que organiza la actuación policial ante delitos de entorpecimiento del transporte. Además, advirtieron que suspenderlo generaría un «gravamen irreparable» para el orden público y la libre circulación de los ciudadanos
Definiciones en la feria judicial
Un factor determinante será el inicio del receso de enero. Al ser hoy el último día hábil, si la Cámara no habilita la feria judicial para tratar el expediente, el protocolo antipiquetes seguirá vigente al menos hasta febrero.
La decisión final de la Cámara marcará un precedente sobre las facultades del Poder Ejecutivo para regular la protesta social y el accionar de las fuerzas de seguridad en todo el país, incluyendo su impacto en las provincias patagónicas y el resto del territorio nacional.
