Desde este miércoles comenzaron a regir en la provincia de Mendoza las sanciones previstas para los padres, tutores o responsables legales de niños y adolescentes que ejerzan bullying en el ámbito escolar y cuyos adultos no adopten medidas para prevenirlo o reparar el daño causado. La normativa establece multas económicas que pueden alcanzar los 1.500.000 pesos, además de sanciones con tareas educativas o comunitarias.
La medida quedó formalmente en vigencia tras la publicación de la ley N° 9.682 en el Boletín Oficial. La norma fue aprobada por la Legislatura provincial el pasado 19 de noviembre y modifica el Código de Contravenciones, incorporando los artículos 100 bis, 100 ter y 100 quater dentro del apartado referido a faltas contra la moralidad, las buenas costumbres, la solidaridad y la educación.
Según lo dispuesto en el artículo 100 bis, los adultos responsables podrán ser sancionados cuando, luego de ser notificados por la institución educativa sobre una conducta de acoso escolar, incumplan con la adopción de las medidas necesarias para “evitar la reiteración o reparar el daño”. Las multas previstas van de 1.500 a 3.000 Unidades Fijas (UF), lo que actualmente equivale a entre 630.000 y 1.260.000 pesos.
No obstante, la ley contempla una actualización del valor de la Unidad Fija. De acuerdo con lo precisado por medios locales, a partir de enero cada UF pasará a valer 500 pesos, lo que elevará el monto de las sanciones a un rango de entre 750.000 y 1.500.000 pesos. En función de la gravedad del caso, también se podrá imponer la realización de tareas educativas o comunitarias por un plazo de hasta 30 días.
“El producido de las multas que se apliquen se destinará al Fondo Provincial establecido por la Ley N° 9545, cuyo objeto será la prevención y asistencia de víctimas de acoso escolar en el ámbito de la Dirección General de Escuelas, como así también a Bibliotecas Populares”, señala el texto legal.
La normativa establece excepciones claras. Quedarán eximidos de responsabilidad aquellos padres que se encuentren privados o suspendidos del ejercicio de la responsabilidad parental; quienes tengan el cuidado personal unilateral discernido judicialmente en el otro progenitor; y aquellos alcanzados por medidas de prohibición de acercamiento u otras medidas de protección vigentes que les impidan intervenir en la crianza del menor.
En cuanto al procedimiento, la ley fija una primera etapa de intervención a cargo de la escuela, con el acompañamiento de equipos interdisciplinarios. Si los padres o tutores no colaboran o incumplen las medidas dispuestas, la situación será elevada al Juzgado Contravencional, que definirá las sanciones correspondientes.
El proyecto había sido impulsado originalmente por el Poder Ejecutivo provincial a través de la Dirección General de Escuelas (DGE), en un contexto marcado por una serie de graves episodios de violencia escolar en Mendoza. Entre los hechos de mayor repercusión se destacó el ocurrido el 10 de septiembre, cuando una estudiante de 14 años se atrincheró con un arma y efectuó disparos en una escuela secundaria, además de otros episodios que generaron alarma en establecimientos educativos.
Fallo inédito
La problemática también derivó en antecedentes judiciales. En junio, un fallo inédito de la Justicia provincial condenó a la DGE al pago de una indemnización de cuatro millones y medio de pesos a los padres de una niña de 11 años víctima de bullying en una escuela pública de Godoy Cruz. La sentencia, firmada por la jueza Jorgelina Iérmoli Blanco, remarcó la responsabilidad del Estado y el deber de las instituciones educativas de actuar con eficiencia para proteger el interés superior del menor.
