Con la llegada de las fiestas y celebraciones, el uso de pirotecnia vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública. En Chubut, la discusión tiene un punto de partida claro y es que la venta, tenencia y uso de pirotecnia están prohibidos en toda la provincia, más allá de las ordenanzas particulares que cada municipio aplica dentro de su ejido.
La prohibición surge del Código de Convivencia Ciudadana, que establece sanciones para quienes comercialicen o utilicen artefactos pirotécnicos, sin distinguir entre productos de “venta libre” u otros de mayor potencia. Se trata de una falta contravencional y su incumplimiento puede derivar en multas, decomisos e incluso arrestos.
A este marco general se suman las ordenanzas municipales, que refuerzan los controles y fijan sanciones concretas. En Puerto Madryn, por ejemplo, rige desde hace años una normativa que prohíbe el uso y la comercialización de pirotecnia dentro de la ciudad, con operativos que se intensifican en fechas festivas. En Rawson, la capital provincial, la ordenanza es una de las más estrictas. La multa se calcula en litros de nafta súper y puede alcanzar cifras muy elevadas, además del decomiso de la mercadería y la clausura de locales.
En la cordillera, Esquel mantiene una prohibición total sobre la venta, traslado y uso de pirotecnia, con sanciones que se aplican en módulos y aumentan en caso de reincidencia. Sarmiento, Dolavon, Trelew y otras localidades del interior provincial cuentan también con ordenanzas vigentes que adhieren al criterio de tolerancia cero y habilitan la intervención de los juzgados de faltas municipales.
Más allá de las normativas locales, la legislación provincial contempla sanciones que pueden ir desde multas económicas y decomiso de los productos, hasta arrestos de corta duración o trabajos comunitarios. En el caso de comercios que vendan pirotecnia de manera ilegal, las penas pueden incluir clausuras temporarias.
Desde los organismos provinciales y municipales insisten en que la prohibición no responde solo a una cuestión legal. El objetivo central es reducir accidentes, prevenir incendios y proteger la salud de personas con hipersensibilidad auditiva, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, además del impacto negativo que la pirotecnia genera en los animales.
En ese contexto, denunciar la venta o el uso de pirotecnia es clave para que la normativa se cumpla y para avanzar hacia celebraciones más seguras y respetuosas.
