El juez rionegrino Emilio Stadler declaró la responsabilidad penal del anestesista Mauricio Javier Atencio Krause por el delito de homicidio culposo, a raíz de la muerte de Valentín, un niño de cuatro años que falleció tras una cirugía programada en el Sanatorio Juan XXIII de General Roca.
El procedimiento, realizado el 11 de julio de 2024 para tratar una hernia diafragmática, derivó en complicaciones que culminaron con su muerte siete días después.
La causa de la muerte y las fallas detectadas
En su resolución, Stadler afirmó que quedó acreditado el hecho imputado al anestesista y su autoría. “No se encuentra controvertido que la causa de la muerte de Valentín ha sido encefalopatía hipóxico-isquémica, por incidente obstructivo de la vía aérea del tubo endotraqueal”, sostuvo el magistrado.
El fallo destacó que el niño no presentaba problemas de salud relevantes y que el sanatorio es uno de los centros de mayor complejidad de la provincia, equipado con tecnología adecuada. Sin embargo, hacia el final de la operación se produjo un taponamiento en el tubo endotraqueal, lo que impidió el ingreso de aire y provocó un daño irreversible. Para el juez, estas señales “necesaria e inexorablemente debían ser detectadas”.
La sentencia remarcó que el anestesista incurrió en una conducta negligente, apartándose de manera notoria de sus obligaciones profesionales. Entre las irregularidades comprobadas se mencionó que salió del quirófano durante la cirugía, utilizó su teléfono celular, y no se encontraba un desfibrilador en la sala. Además, se verificó la falta de controles clínicos, tanto en los monitores como en la observación directa del paciente.
Un juicio de tres días
El debate oral se extendió durante tres jornadas en la ciudad de Roca. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por los fiscales Gastón Ezequiel Britos Rubiolo y Norma Reyes, mientras que la querella de los padres de Valentín fue ejercida por los abogados Agustín Aguilar y Miguel Ángel Díaz Zeballos.
Con el veredicto de culpabilidad ya dictado, el tribunal encomendó a la Oficina Judicial fijar la fecha del juicio de cesura, instancia en la que se determinará la pena correspondiente dentro de los márgenes previstos por el Código Penal. Asimismo, otorgó un plazo de cinco días hábiles para que las partes presenten las pruebas que consideren necesarias para esa etapa.
