El presidente Javier Milei está evaluando su participación en la Cumbre del Mercosur que se realizará el próximo 20 de diciembre en Foz de Iguazú, Brasil. Pese a que fuentes oficiales de la Agencia Noticias Argentinas (NA) indicaron que es «muy probable que vaya», el Gobierno no se muestra optimista sobre la posibilidad de concretar el acuerdo comercial entre el bloque regional y la Unión Europea (UE), un tema que lleva más de 20 años en negociación.
El mandatario libertario tiene la cumbre en agenda, aunque el vínculo con su par brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva, no es el más fluido. En la Casa Rosada destacan que la relación entre Argentina y Brasil se mantiene en un plano «institucional».
Mercosur: «Requiere cambios» para la apertura comercial
Desde la mesa chica del presidente aseguraron que el Mercosur «requiere cambios» que promuevan la apertura comercial de los países miembros con mercados por fuera del bloque, sobre todo luego de que la administración libertaria cerrase un acuerdo con Estados Unidos. Esta postura se alinea con la propuesta de Milei de eliminar la norma que exige la aprobación de los socios para negociar tratados de libre comercio con terceros.
En junio, el presidente ya había expresado su urgencia por la apertura: «Emprenderemos el camino de la libertad, y lo haremos acompañados o solos, porque Argentina no puede esperar. Necesitamos más comercio, más actividad económica, más inversión y más trabajo, de manera urgente».
Freno europeo al acuerdo Mercosur-UE
La cautela del Gobierno argentino sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea se debe a la resistencia que presentan países clave del continente. Una fuente con acceso al despacho presidencial sostuvo a NA que no son «optimistas» debido a la postura de Francia e Italia.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya anticipó que el acuerdo tendrá un «no rotundo de Francia», argumentando que no «protege los intereses de los agricultores». De manera similar, el ministro de Asuntos Europeos de Italia, Tommaso Foti, reclamó que, si bien contiene beneficios, «no protege lo suficiente a los agricultores europeos contra los riesgos de perturbaciones del mercado y no asegura de manera sostenible la soberanía alimentaria del continente».
