Durante una audiencia desarrollada en los tribunales de Trelew, la fiscal general Silvia Pereira, en representación del Ministerio Público Fiscal, solicitó la implementación de un juicio abreviado para un hombre acusado de graves hechos de violencia de género, abuso sexual y desobediencia judicial.
El acuerdo se enmarca en el artículo 355 del Código Procesal Penal, que permite este tipo de procedimientos cuando existe reconocimiento de responsabilidad por parte del imputado.
Hechos de violencia y desobediencia judicial
Según detalló la fiscal Pereira, la investigación, llevada adelante por el funcionario de fiscalía Patricio Perayre, permitió acreditar tres hechos graves. El más reciente ocurrió el 26 de febrero de este año, cuando el acusado violó una orden de restricción de acercamiento impuesta por 180 días.
Pese a estar notificado de la medida desde el 25 de diciembre de 2024, el hombre se presentó en el domicilio de su expareja, una joven embarazada de siete meses, ingresó sin consentimiento y la amenazó y sometió sexualmente, aprovechándose de su vulnerabilidad.
Posteriormente, se le impuso prisión preventiva por seis meses, medida que fue ratificada el 1° de julio por los riesgos procesales existentes. Sin embargo, desde su lugar de detención, el acusado volvió a desobedecer las órdenes judiciales al obtener dispositivos electrónicos, crear una cuenta de Instagram y comunicarse con la víctima para intentar inducirla a retirar la denuncia. La maniobra fue descubierta y los aparatos utilizados quedaron secuestrados como prueba.
Los delitos y la calificación legal
La fiscal Pereira sostuvo la acusación por los delitos de desobediencia a la autoridad judicial, violación de domicilio, amenazas agravadas por el uso de armas y abuso sexual con acceso carnal, todos en concurso real y en carácter de autor.
La calificación se enmarca en los artículos 239, 150, 149 bis, 119 (tercer párrafo), 45 y 55 del Código Penal, y en los términos de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Pena y resolución judicial
El acuerdo de partes contempla una pena de nueve años de prisión de efectivo cumplimiento, además del pago de las costas del proceso. La fiscal destacó que el mínimo previsto por los delitos imputados es de seis años, y que la confesión del acusado fue determinante para arribar al juicio abreviado.
El juez Marcos Nápoli informó que dará a conocer su resolución definitiva en un plazo de cinco días, aunque adelantó que hará lugar al acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa.
La causa representa otro caso de abordaje judicial enmarcado en la Ley 26.485, y subraya la necesidad de reforzar las medidas de protección hacia víctimas de violencia de género en el ámbito judicial y penitenciario.
