El penúltimo mes del año llegará con un nuevo ajuste para los haberes jubilatorios del régimen de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A partir de noviembre, las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento del 2,08%, de acuerdo con la variación registrada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en septiembre, según informó este martes el Indec.
Con la actualización, el haber mínimo pasará a $333.085, mientras que el máximo se ubicará en $2.241.349. Los montos netos —tras el descuento del aporte al PAMI— serán de $323.092 y $2.116.861, respectivamente.
Si el Gobierno vuelve a disponer por decreto el bono extraordinario de $70.000, como viene ocurriendo desde marzo de 2024, los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán un ingreso total de $403.085 brutos o $393.092 netos. En este caso, el incremento efectivo sobre el monto total será de 1,71%, ya que el refuerzo permanece congelado desde hace 20 meses.
Los valores aún no fueron oficializados mediante resolución de la Anses, aunque se espera su publicación en el Boletín Oficial antes de fin de mes. El cálculo se basa en el índice de inflación con dos decimales, el mismo que se aplica mensualmente para el reajuste de los haberes previsionales.
En el primer semestre del año, siete de cada diez nuevas jubilaciones se otorgaron a personas que recurrieron a moratorias previsionales por no contar con los 30 años de aportes exigidos por ley. En esos casos, el ingreso bruto de $403.085 será el mínimo garantizado dentro del régimen contributivo general, y quienes cobren entre ese valor y el haber mínimo recibirán un plus para alcanzar esa cifra.
Evolución y pérdida del poder adquisitivo
Entre enero y septiembre de 2025, la inflación acumulada fue de 22%, mientras que los haberes jubilatorios sin bono aumentaron 23,4% (y 28,3% hasta noviembre). Sin embargo, los beneficiarios que cobran el haber mínimo junto al refuerzo tuvieron una recomposición menor: 18,4% en los primeros nueve meses y 23,1% hasta noviembre, debido al congelamiento del bono.
Si el refuerzo de $70.000 hubiera acompañado la actualización de los haberes desde abril de 2024, actualmente ascendería a $169.890, lo que elevaría el ingreso mínimo garantizado a $496.188, un 25% más que el vigente.
En noviembre, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $266.468, y con el bono alcanzará los $336.468. También se aplicará el incremento del 2,08% a las prestaciones no contributivas, como la pensión por invalidez laboral, que pasará a $233.160 y llegará a $303.160 con el refuerzo.
El mecanismo de reajuste mensual vinculado a la inflación comenzó a regir en abril de 2024, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274. Desde entonces, los haberes propiamente dichos aumentaron 138,2% hasta septiembre, mientras que el monto compuesto por el haber mínimo más el bono creció 91%, frente a una inflación acumulada de 75,2%.
A pesar de la suba adicional aplicada en abril de 2024, los ingresos jubilatorios siguen sin recuperar el poder adquisitivo perdido en los años previos, una situación que mantiene abierta una fuerte litigiosidad contra el Estado. Entre enero de 2021 y marzo de 2024, durante la vigencia de la Ley de Movilidad 27.609, los haberes sin bono sufrieron una pérdida real del 50% frente a los precios.
El rezago de dos meses entre el índice inflacionario y su aplicación en las jubilaciones provoca desfasajes: cuando la inflación baja, las recomposiciones pueden superar temporalmente el alza de precios; pero cuando los precios suben, los aumentos llegan con retraso.
En la actualidad, el sistema previsional cuenta con unos 6 millones de jubilados y pensionados: cerca de 3 millones perciben el ingreso más bajo —y reciben el bono mensual—, mientras que el resto cobra haberes superiores, sin refuerzo, y son quienes más poder adquisitivo perdieron durante los últimos años.
Con información de La Nación
