La fiscal Florencia Gómez, a cargo de la fiscalía especializada en delitos ambientales y de protección animal, confirmó a Canal 12 que en Chubut se encuentran en curso siete investigaciones vinculadas al tráfico ilegal de fauna silvestre. Según explicó, se trata de un delito de gran impacto a nivel internacional y que aún carece de una protección legislativa integral en Argentina.
Tráfico ilegal de fauna: investigan siete casos de especies exóticas
“El tráfico de animales en nuestro país, desgraciadamente, es un delito que se sigue cometiendo porque es un país donde es muy fácil de acceder”, señaló Gómez, quien remarcó que la única forma de cortar con este circuito ilegal es que la sociedad deje de consumir y comprar animales silvestres.
Las causas que se investigan surgieron a partir de denuncias presentadas por organizaciones protectoras y vecinos, que alertaron sobre la presencia de ejemplares en domicilios particulares. La fiscal detalló que en muchos casos los animales llegan en condiciones extremas: escondidos, atados o estresados, lo que provoca la muerte de numerosos ejemplares antes de alcanzar su destino.
“Estamos trabajando en una investigación junto con fiscales de otras provincias, en distintos casos de tráfico de animales”, afirmó. El trabajo coordinado busca desarticular las redes que operan en varias jurisdicciones, ya que el contrabando suele involucrar traslados interprovinciales y mecanismos de ocultamiento para evitar los controles de fuerzas de seguridad.
«Comprar fauna silvestre está prohibido»
Consultada sobre el tipo de especies que se trafican, Gómez fue clara: “Son especies todas protegidas, está prohibida su venta y su comercialización”. Entre ellas se encuentran aves, mamíferos y animales acuáticos, muchos de los cuales se encuentran en peligro de extinción. A nivel internacional, el tráfico de fauna representa el cuarto delito que más ganancias genera.
La fiscal advirtió que, más allá de la normativa vigente, las penas suelen ser de “escasa lesividad”, lo que dificulta que existan condenas de cumplimiento efectivo. Por ello, junto a otros colegas impulsa proyectos para lograr una legislación más severa y adecuada a la problemática.
Gómez también destacó el rol de la comunidad y las protectoras en el avance de estas investigaciones. “La gente se anima a denunciar porque sabe que nosotros estamos 100% abocados a estos delitos”, indicó. Para hacerlo, se puede acudir directamente a la fiscalía en Rawson o comunicarse a través de distintos canales habilitados, como WhatsApp, correo electrónico y redes sociales.
Al ser consultada sobre las motivaciones detrás de la compra de estos animales, la fiscal fue contundente: “Yo creo que lo único que puede generar cuando ves un animal encerrado en un patio o en una jaula, es tristeza. Pero hay gente que lo consume, y eso genera que el tráfico no pare. Entonces la única forma que pare es que la gente entienda que comprar un animal silvestre es un delito”.
Finalmente, señaló que muchas de las adquisiciones están vinculadas a la ostentación. “Me compré un puma, tengo un guacamayo azul, que hay muy pocos en el mundo… va más por la ostentación”, reflexionó.
En la actualidad, las denuncias recibidas corresponden a casos de Rawson, aunque la fiscal advirtió que la red del tráfico de fauna funciona de manera interprovincial. El desafío, enfatizó, es avanzar en la sanción de normas más estrictas y en la concientización social para frenar definitivamente este delito.
