Un nuevo relevamiento del Observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) confirmó que entre el 1° de enero y el 31 de agosto se registraron 176 casos de femicidios en Argentina, lo que representa un crimen perpetrado cada 33 horas. La cifra alcanzada en estos primeros ocho meses del año ya supera los registros totales del año pasado, marcando un preocupante incremento de la violencia de género en el país.
El informe detalla que del total de casos fatales consignados en el territorio nacional, se contabilizaron 127 femicidios directos, 15 vinculados de varones o niños, ocho trans o travesticidios, 17 femicidios en contextos de narcotráfico o crimen organizado y nueve suicidios feminicidas.
Las fallas en la protección a las víctimas
Los datos expuestos por la organización social ponen de manifiesto severas fallas en el acceso a la protección estatal. Del total de víctimas contadas en el informe, únicamente el 11% se presentó ante la Justicia para radicar denuncias formales por agresiones previas.
A su vez, entre las mujeres que sí habían acudido a las autoridades judiciales, el 75% contaba con una orden de restricción perimetral vigente contra el agresor y el 12% disponía de botón antipánico al momento de ser atacada. La violencia machista dejó además un saldo de 132 niños, niñas y adolescentes que perdieron a sus madres.
Estadísticas sobre las modalidades
Respecto a los métodos empleados por los agresores para cometer los delitos, las armas de fuego resultaron las más utilizadas con un 32% de los casos, seguidas por las armas blancas con un 24%, asfixia con un 13% y golpes con un 11%. La edad promedio de las víctimas se ubicó en los 39 años (entre las cuales 16 eran niñas o adolescentes y 17 adultas mayores), mientras que la media de edad de los femicidas fue de 41 años.
En la distribución geográfica, las provincias que presentaron las tasas más altas de feminicidios por cada 100.000 habitantes fueron Santiago del Estero (1,7), Santa Fe (1,6) y Catamarca (1,4).
Ante este escenario, la organización MuMaLá criticó la falta de medidas de prevención y la ausencia de respuestas oficiales para abordar la problemática, al tiempo que exigió a nivel nacional la restitución de los presupuestos, las estructuras funcionales y las iniciativas orientadas a garantizar el derecho a vivir sin violencia.
